La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025, que se presenta en 2026, adquiere especial relevancia para aquellas personas que se han regularizado recientemente en España o que se encuentran en proceso de regularización. La incorporación al sistema administrativo y laboral implica también nuevas obligaciones fiscales que conviene conocer para evitar errores, sanciones o situaciones de incertidumbre.
Uno de los aspectos clave es determinar si existe obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En términos generales, estarán obligadas a declarar aquellas personas que hayan obtenido rendimientos del trabajo superiores a los límites establecidos por la normativa vigente, así como quienes hayan percibido ingresos de varias fuentes o actividades económicas. En el caso de personas recién regularizadas, esta obligación dependerá principalmente de si han comenzado a trabajar de forma legal y del volumen de ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal.
Para quienes hayan obtenido ingresos a través de un contrato de trabajo tras su regularización, la empresa habrá practicado las correspondientes retenciones de IRPF en nómina. No obstante, es recomendable revisar la situación individual, ya que en muchos casos las retenciones iniciales pueden ser bajas, lo que podría dar lugar a resultados a ingresar en la declaración.
En el supuesto de personas que aún se encuentran en proceso de regularización pero han tenido actividad económica o ingresos en España, la situación puede ser más compleja. La normativa fiscal establece la obligación de declarar en función de la residencia fiscal y de los ingresos obtenidos, con independencia de la situación administrativa en materia de extranjería. Por ello, es fundamental analizar cada caso de forma individual para determinar las obligaciones fiscales reales.
Otro elemento relevante es la condición de residente fiscal en España. Con carácter general, se considera residente fiscal quien haya permanecido más de 183 días en territorio español durante el año natural o tenga en España el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Este criterio es especialmente importante para personas en proceso de regularización, ya que puede implicar la obligación de declarar la totalidad de sus ingresos a nivel mundial.
En cuanto a la documentación necesaria, será imprescindible contar con certificados de rendimientos del trabajo, contratos laborales, datos fiscales facilitados por la Agencia Tributaria, así como cualquier justificante de ingresos o retenciones practicadas. En algunos casos, también será necesario aportar información relativa a ayudas públicas, prestaciones o situaciones familiares que puedan afectar al resultado de la declaración.
Las deducciones y beneficios fiscales también pueden resultar aplicables a este colectivo. Dependiendo de la situación personal, es posible acceder a deducciones por vivienda habitual, por familia, por maternidad o por determinadas circunstancias autonómicas. La correcta aplicación de estas deducciones puede suponer una reducción significativa en la cuota a pagar o incluso el derecho a devolución.
Asimismo, es importante tener en cuenta que la presentación de la declaración dentro de plazo evita recargos y sanciones. La campaña de la renta 2026 seguirá el calendario habitual, con inicio en primavera y distintas fases para la presentación telemática, telefónica o presencial.
Finalmente, conviene señalar que la regularización administrativa no solo abre la puerta al acceso al mercado laboral, sino que también implica la plena integración en el sistema fiscal español. Cumplir con las obligaciones tributarias desde el primer momento es clave para consolidar una situación legal estable y evitar problemas futuros con la Administración.
Por todo ello, tanto las personas que ya han regularizado su situación como aquellas que se encuentran en proceso deberían informarse adecuadamente y, en caso necesario, contar con asesoramiento profesional para gestionar correctamente su primera declaración de la renta en España.